Sentencia Skrmetti: la Corte Suprema y la atención trans para menores

El 18 de junio de 2025 la Corte Suprema de Estados Unidos emitió la sentencia más importante sobre los derechos de las personas transgénero después de Bostock v. Clayton County de 2020. En el caso United States v. Skrmetti (docket 23-477), seis jueces contra tres establecieron que la prohibición de Tennessee sobre la atención de afirmación de género para menores no viola la cláusula de igual protección de la XIV Enmienda de la Constitución [1]. Es la primera vez en la historia que la Corte Suprema se pronuncia sobre la atención para la disforia de género. Las consecuencias se extienden mucho más allá de Tennessee: 25 de las 27 prohibiciones estatales son ahora plenamente aplicables, y aproximadamente 120.400 adolescentes trans viven en estados donde no pueden acceder a bloqueadores de pubertad o terapia hormonal [3][4].

La ley de Tennessee: Senate Bill 1

La ley en el centro del caso se llama Senate Bill 1 (SB1). Aprobada por el parlamento de Tennessee y firmada por el gobernador Bill Lee el 2 de marzo de 2023, entró en vigor el 1 de julio del mismo año [1][9].

Qué prohíbe

SB1 prohíbe a los profesionales sanitarios prescribir, administrar o dispensar bloqueadores de pubertad y terapia hormonal a cualquier menor si el tratamiento tiene el propósito de “permitir al menor identificarse con, o vivir como, una presunta identidad incoherente con el sexo biológico del menor” [1]. La prohibición se extiende también a la telemedicina y cubre cualquier tratamiento destinado a aliviar el malestar derivado de la discordancia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género.

Las sanciones

Las consecuencias para los profesionales sanitarios que violen la ley son triples [9][14]. Primero: una sanción civil de hasta 25.000 dólares por cada tratamiento prohibido, con posibilidad de acción por parte del fiscal general de Tennessee. Segundo: sanciones disciplinarias profesionales según el Título 63 del código de Tennessee, que pueden incluir la suspensión o la revocación de la licencia médica. Tercero: una demanda civil privada que permite al menor o a los padres que no hayan prestado su consentimiento demandar al profesional.

La excepción que revela la discriminación

Un elemento central del caso se refiere a lo que SB1 no prohíbe. Los mismos fármacos — bloqueadores de pubertad y hormonas — siguen siendo perfectamente legales cuando se prescriben a menores para otras condiciones médicas: pubertad precoz, defectos congénitos, enfermedades o lesiones físicas [1][3]. Una chica cisgénero puede recibir bloqueadores de pubertad por pubertad precoz. Un chico cisgénero puede recibir testosterona por hipogonadismo. Pero un adolescente trans no puede recibir los mismos idénticos fármacos para la disforia de género. Esta distinción — mismos fármacos, mismos pacientes menores, diferente propósito médico — está en el centro de todo el debate jurídico sobre la naturaleza discriminatoria de la ley.

El recorrido judicial

El caso ha atravesado tres instancias en poco más de dos años.

El recurso inicial

El 20 de abril de 2023, Lambda Legal, la ACLU y la ACLU de Tennessee presentaron recurso ante el tribunal federal del Distrito Central de Tennessee en nombre de tres familias y un médico [13][14]. Los demandantes principales eran Samantha y Brian Williams de Nashville y su hija de quince años transgénero, identificada como L.W., junto a otras dos familias que presentaron recurso de forma anónima y la doctora Susan Lacy de Memphis. El argumento: SB1 viola la cláusula de igual protección de la XIV Enmienda porque discrimina por razón de sexo.

El 26 de abril de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración Biden, presentó solicitud para intervenir en el caso como parte demandante, sosteniendo que SB1 viola el derecho federal [14]. El juez Eli Richardson aceptó la solicitud el 16 de mayo de 2023. Desde ese momento el caso adoptó la denominación United States v. Skrmetti, por el nombre del fiscal general de Tennessee Jonathan Skrmetti.

El tribunal de distrito bloquea la ley

El 28 de junio de 2023, el tribunal de distrito emitió una orden preliminar que bloqueaba la aplicación de SB1, con excepción del derecho de acción civil privada y de la prohibición de cirugía [1][13]. El juez consideró que los demandantes habían demostrado una probabilidad de éxito en el fondo de su reclamación sobre la cláusula de igual protección.

El Sexto Circuito revoca la decisión

La respuesta de Tennessee llegó rápidamente. En julio de 2023, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito suspendió la orden con un voto de 2 a 1, con el juez Jeffrey Sutton redactando para la mayoría [1][2]. El 28 de septiembre de 2023, el mismo panel revocó la orden preliminar del tribunal de distrito, aplicando el rational basis review y concluyendo que SB1 no clasifica por razón de sexo [2].

La Corte Suprema acepta el caso

El 24 de junio de 2024, la Corte Suprema aceptó examinar el caso (certiorari). Las argumentaciones orales se celebraron el 4 de diciembre de 2024 [1][2]. La administración Biden argumentó a favor de los demandantes ante la Corte. La sentencia fue emitida el 18 de junio de 2025.

La opinión de la mayoría

El Chief Justice John Roberts redactó la opinión de la mayoría, a la que se unieron los jueces Thomas, Alito (parcialmente), Gorsuch, Kavanaugh y Barrett [1].

La clasificación: no sexo, sino “uso médico”

El razonamiento central de la mayoría se funda en una distinción: SB1 no clasifica a las personas por razón de sexo o de estatus transgénero, sino que opera solo dos clasificaciones — por edad (permitiendo ciertos tratamientos a los adultos pero no a los menores) y por uso médico (permitiendo bloqueadores de pubertad y hormonas para algunas condiciones pero no para otras) [1][9]. Según la Corte, estas dos clasificaciones no constituyen categorías sospechosas y no requieren un nivel de escrutinio elevado.

Rational basis review

La Corte aplicó el rational basis review, el estándar de escrutinio más bajo en el derecho constitucional estadounidense [1][3]. Bajo este estándar, una ley es válida si existe cualquier base racional que la justifique. El legislador no debe demostrar que la ley sea el medio mejor o más eficaz para alcanzar su objetivo: basta con que la conexión entre la ley y un interés estatal legítimo sea plausible.

En el caso específico, la Corte consideró que Tennessee tenía una base racional al querer regular tratamientos médicos para menores en un campo que la mayoría definió como caracterizado por “incertidumbre médica” [1]. La Corte afirmó que los legisladores estatales tienen el derecho de ejercer cautela ante tratamientos cuyos efectos a largo plazo son objeto de debate.

El rechazo de aplicar Bostock

Un pasaje significativo de la opinión se refiere al precedente de Bostock v. Clayton County (2020), la sentencia que había establecido que el Título VII del Civil Rights Act protege a los trabajadores de la discriminación basada en la identidad de género. La mayoría rechazó explícitamente extender el razonamiento de Bostock al contexto de la cláusula de igual protección, sosteniendo que el Título VII y la XIV Enmienda operan con estándares y finalidades diferentes [1][9].

La deferencia hacia el legislador estatal

La Corte reiteró el principio de deferencia hacia los parlamentos estatales en la regulación de la práctica médica, un concepto que tiene un precedente directo en la sentencia Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022), la que eliminó el derecho federal al aborto [1][6]. La Corte subrayó que “la regulación de la práctica médica es normalmente una prerrogativa del Estado” y que los jueces no deben sustituir su propio juicio por el de los legisladores en materia de política sanitaria.

El disenso

La jueza Sonia Sotomayor redactó el disenso, al que se unió íntegramente la jueza Ketanji Brown Jackson, y parcialmente (partes I-IV) la jueza Elena Kagan [1]. La jueza Kagan redactó también un disenso separado.

La ley es una clasificación basada en el sexo

El argumento central del disenso es directo: SB1 es una clasificación basada en el sexo, independientemente de cómo la mayoría la defina [1][10]. Sotomayor escribió que “el sexo determina el acceso a los fármacos cubiertos por la ley”. Un adolescente varón (pero no mujer) puede recibir fármacos que le ayudan a parecer un chico. Una adolescente mujer (pero no varón) puede recibir fármacos que la ayudan a parecer una chica. Para los menores transgénero sucede exactamente lo contrario: los mismos fármacos, administrados con el mismo propósito de alinear el aspecto físico con la identidad, están prohibidos.

El escrutinio elevado era necesario

Sotomayor sostuvo que, al tratarse de una clasificación basada en el sexo, la Corte debería haber aplicado el escrutinio intermedio (intermediate scrutiny), no el rational basis review [1]. Bajo el escrutinio intermedio, Tennessee habría tenido que demostrar que SB1 sirve a un “importante interés gubernamental” y que el medio elegido está “sustancialmente relacionado” con dicho interés — una carga de la prueba significativamente más alta.

El consenso médico

El disenso subrayó que las principales organizaciones médicas estadounidenses — la American Academy of Pediatrics, la Endocrine Society, la American Medical Association, la American Psychological Association — recomiendan la atención de afirmación de género como tratamientos apropiados y basados en la evidencia para la disforia de género en menores [1][5]. Sotomayor contestó la caracterización de la mayoría de estos tratamientos como inciertos, calificándola como una distorsión del estado de la investigación.

“Daños incalculables”

En un pasaje que tuvo amplia resonancia mediática, Sotomayor advirtió que la sentencia causará “daños incalculables” a los menores transgénero y a sus familias [10][12]. Añadió que “al rechazar la aplicación del escrutinio elevado, la mayoría hace a las personas transgénero americanas doblemente vulnerables a la discriminación sancionada por el Estado” [1].

Las consecuencias inmediatas

Los efectos de la sentencia se manifestaron en múltiples frentes en los meses siguientes.

Las prohibiciones estatales se hacen plenamente aplicables

Antes de Skrmetti, varias prohibiciones estatales estaban bloqueadas o impugnadas en los tribunales. Tras la sentencia, 25 de las 27 prohibiciones estatales sobre la atención de afirmación de género para menores están plenamente en vigor [3]. Las únicas excepciones son Montana, donde la prohibición está bloqueada sobre la base de la constitución estatal (y no del derecho federal, por lo tanto no directamente afectada por Skrmetti), y Arkansas, cuya prohibición aún era objeto de litigio en el momento de la sentencia [3].

Brandt v. Rutledge: Arkansas capitula

El 12 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito revocó su decisión anterior en el caso Brandt v. Rutledge, el primer caso que había bloqueado una prohibición estatal sobre la atención de afirmación de género (la de Arkansas, aprobada en 2021) [15]. En una decisión en banc con un voto de 8 a 2, el tribunal estableció que el Save Adolescents from Experimentation Act de Arkansas no viola la cláusula de igual protección, el debido proceso ni la Primera Enmienda. Las primeras 13 páginas de la opinión están dedicadas a explicar por qué el caso está controlado por Skrmetti [15]. La prohibición de Arkansas, bloqueada por los tribunales durante cuatro años, está ahora plenamente en vigor.

El impacto en los menores

Según el Williams Institute de la UCLA, 120.400 adolescentes transgénero de entre 13 y 17 años — el 40,1% de todos los jóvenes trans en esa franja de edad en Estados Unidos — viven en estados donde la atención de afirmación de género está prohibida [4]. Se trata de adolescentes a quienes el estado de residencia impide acceder a tratamientos recomendados por las principales asociaciones médicas del país.

La extensión a los jóvenes adultos

En algunos estados, la sentencia Skrmetti ha alimentado propuestas para extender las prohibiciones más allá de los 18 años. En Oklahoma, Texas y Carolina del Sur se han depositado proyectos de ley que habrían prohibido la atención de afirmación de género hasta los 26 años de edad [3]. En Texas, un proyecto de ley (H.B. 4574) preveía que un profesional sanitario que proporcionara atención de afirmación de género a una persona trans menor de 26 años pudiera ser condenado a detención y a la pérdida de la licencia médica. En Oklahoma, la propuesta fue posteriormente reducida a 18 años tras fuertes contestaciones.

Los tribunales estatales como nuevo campo de batalla

Tras Skrmetti, la Corte Suprema federal ya no representa una vía viable para los desafíos basados en la cláusula de igual protección. El State Court Report ha documentado cómo los tribunales estatales se han convertido en el nuevo terreno de litigio [7]. En Montana, un tribunal de primera instancia anuló una ley de 2023 que definía el sexo como dos categorías binarias, considerando que violaba el derecho a la privacidad garantizado por la constitución estatal. En Texas, al contrario, la corte suprema estatal confirmó la prohibición, apelándose directamente a Skrmetti [7]. Las constituciones estatales ofrecen protecciones que varían enormemente de estado a estado, creando un panorama jurídico fragmentado en el que la geografía determina los derechos.

El paralelo con Dobbs

La sentencia Skrmetti no existe en un vacío jurídico. Su arquitectura legal refleja la de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022), la sentencia que eliminó el derecho federal al aborto establecido por Roe v. Wade en 1973 [6][7].

La misma lógica jurídica

Ambas sentencias comparten tres elementos estructurales [6][8]. Primero: la aplicación del rational basis review a cuestiones que afectan a la autonomía corporal, el estándar que concede el máximo margen de discrecionalidad al legislador. Segundo: el principio de deferencia hacia los parlamentos estatales en la regulación de cuestiones médicas que la Corte considera de competencia legislativa y no judicial. Tercero: el rechazo de reconocer un derecho constitucional protegido — en el caso de Dobbs, el derecho al aborto; en el caso de Skrmetti, el derecho al acceso a la atención de afirmación de género para menores.

Tennessee cita explícitamente Dobbs

En los escritos de defensa presentados ante la Corte Suprema, Tennessee citó explícitamente Dobbs para sostener la legitimidad de SB1 [6]. El argumento: si la Corte ha establecido que los estados pueden regular y prohibir el aborto sin violar el derecho a la privacidad o al debido proceso, la misma lógica se aplica a la regulación de la atención de afirmación de género. La Corte, en la opinión de la mayoría, aceptó esta analogía.

Las mismas organizaciones, la misma estrategia

Como ha documentado Ms. Magazine, las mismas organizaciones que guiaron la estrategia legal para revocar Roe v. Wade — en particular la Alliance Defending Freedom y la Heritage Foundation — están activamente involucradas en la promoción de las prohibiciones estatales sobre la atención de afirmación de género [6]. La estrategia es análoga: construir una serie de leyes estatales restrictivas, esperar a que sean impugnadas en los tribunales y llevar los casos ante una Corte Suprema favorable para obtener un precedente nacional.

La reacción de Reproductive Freedom for All

Reproductive Freedom for All, la organización nacida de la fusión de NARAL Pro-Choice America, condenó la sentencia Skrmetti definiéndola como un ataque directo a la autonomía corporal que “pone en peligro a jóvenes vulnerables, a sus familias y a sus profesionales sanitarios” [8]. La organización trazó un paralelo explícito con Dobbs, sosteniendo que ambas sentencias “utilizan la misma arquitectura legal para privar a las personas del control sobre sus propias decisiones médicas” [8].

El análisis del Center for American Progress

El Center for American Progress enmarcó el caso Skrmetti como una cuestión de autonomía corporal que afecta a todos, no solo a las personas transgénero [5]. Tras la sentencia, la organización declaró que la Corte “ha antepuesto la política a la ciencia” con una opinión “llena de mitos anticientíficos que se niega a reconocer que todos merecen un acceso equitativo a la atención médica” [5]. La advertencia: si los estados pueden sustituir a los profesionales sanitarios en las decisiones sobre la atención de afirmación de género, el mismo principio puede aplicarse a otras categorías de tratamientos médicos.

La cobertura en Italia

La sentencia recibió atención también en los medios italianos. Gay.it definió la decisión de la Corte como “uno choc nazionale”, recogiendo las palabras de Chase Strangio, abogado de la ACLU y primer abogado abiertamente transgénero en discutir un caso ante la Corte Suprema: “La sentencia de hoy es una derrota devastadora para las personas transgénero, para nuestras familias y para todos aquellos que valoran la Constitución” [10]. El fiscal general de Tennessee Jonathan Skrmetti definió en cambio la decisión como una victoria del “sentido común sobre el activismo judicial” [10].

Adnkronos, a través de la cabecera Demografica, describió el caso como “el primero en la historia de la Corte Suprema que tiene como protagonistas las terapias para la disforia de género” [11]. Il Manifesto tituló “Negadas las terapias a los menores transgénero”, subrayando cómo la decisión podría “transformarse en un peligroso precedente legal” para los futuros casos [12].

El panorama después de Skrmetti

Los datos cuentan el alcance de la sentencia. Veintisiete estados han aprobado leyes que prohíben la atención de afirmación de género para menores. Tras Skrmetti, 25 de estas prohibiciones son plenamente aplicables [3]. Aproximadamente 120.400 adolescentes de entre 13 y 17 años viven en estados donde no pueden acceder a bloqueadores de pubertad o terapia hormonal para la disforia de género [4]. El Octavo Circuito ya ha revocado la primera prohibición que había sido bloqueada por un tribunal, y otras seguirán [15].

En el plano jurídico, la sentencia ha establecido tres principios. Primero: las leyes que distinguen los tratamientos médicos en función del propósito (disforia de género frente a otras condiciones) no constituyen una clasificación basada en el sexo [1]. Segundo: el rational basis review, y no el escrutinio elevado, se aplica a estas leyes [1]. Tercero: los parlamentos estatales tienen amplia discrecionalidad para regular la atención médica de los menores, incluso cuando la comunidad médica recomienda tratamientos diferentes de los permitidos por la ley [1][9].

Los desafíos legales se trasladan ahora a los tribunales estatales y a argumentos diferentes de la cláusula de igual protección: el debido proceso, las constituciones estatales, la Sección 1557 del Affordable Care Act [3][7]. Como ha observado el State Court Report, “con el vacío federal que obliga a los estados a trazar su propio camino, los tribunales estatales recurren cada vez más a sus propias tradiciones constitucionales para moldear el futuro de los derechos reproductivos y transgénero” [7].

La sentencia Skrmetti no cierra el debate. Lo redefine, trasladándolo del plano federal al estatal, de la XIV Enmienda a las constituciones locales, de la Corte Suprema a los tribunales de primera instancia. El resultado es un país en el que el acceso a la atención médica para los menores transgénero depende de la línea de frontera estatal más cercana.