Derechos de las personas trans en el mundo: un mapa global
La condición jurídica de las personas transgénero varía de manera radical de un país a otro. Mientras algunos estados han adoptado leyes que permiten el cambio de género registral con una simple declaración, otros han introducido prohibiciones explícitas al reconocimiento legal de la identidad de género. Este mapa global fotografía el estado de los derechos de las personas trans en el mundo, un panorama fragmentado y en constante evolución.
Un panorama fragmentado y en rápida evolución
El cuadro internacional de los derechos de las personas trans se presenta como un mosaico de enfoques profundamente diferentes. Según el informe “Laws on Us” publicado por ILGA World en 2024, las legislaciones nacionales se mueven a lo largo de un amplio espectro: desde el pleno reconocimiento jurídico basado en la autodeterminación hasta la criminalización total de las identidades trans [2]. La tendencia global de los últimos años muestra una creciente polarización: por un lado, nuevos países adoptan modelos progresistas; por otro, un número significativo de estados introduce restricciones sin precedentes.
La ILGA World Database, actualizada constantemente y consultable de forma interactiva, monitorea once categorías jurídicas que afectan a las personas LGBTI, entre ellas el reconocimiento legal del género, las tutelas contra la discriminación, las normas sobre incitación al odio y el acceso a la atención sanitaria [2]. El Trans Legal Mapping Report, en su tercera edición, sigue siendo el instrumento de referencia para analizar en detalle la legislación trans a nivel mundial [1].
A nivel europeo, el ILGA-Europe Rainbow Map clasifica anualmente 49 países sobre la base de más de 70 indicadores relativos a los derechos LGBTI [3]. La edición 2025 confirma una tendencia a la polarización también dentro del continente europeo, con diferencias significativas entre estados miembros de la Unión Europea.
Países con pleno reconocimiento jurídico
Un número creciente de estados ha introducido procedimientos que permiten a las personas trans obtener el reconocimiento legal de su propia identidad de género. Estos modelos varían en requisitos: algunos exigen diagnósticos médicos e cirugías, otros se basan exclusivamente en la declaración de la persona interesada.
La autodeterminación de género
El modelo de la autodeterminación de género (en inglés gender self-identification o self-ID) permite el cambio del marcador de género en los documentos oficiales mediante una simple declaración, sin necesidad de diagnósticos psiquiátricos, terapias hormonales o cirugías. A noviembre de 2024, doce países han adoptado procedimientos de reconocimiento legal del género basados en la autodeterminación: Argentina, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y España [1]. A estos se suman Suiza y numerosos estados mexicanos, además de Uruguay, Colombia, Bolivia y Ecuador en América Latina.
Argentina representa el caso pionero. La Ley de Identidad de Género (Ley n. 26.743), aprobada por el Senado el 9 de mayo de 2012 y promulgada el 24 de mayo del mismo año, estableció el derecho de toda persona a ser tratada según su propia identidad de género y a obtener la modificación de sus documentos registrales — nombre, imagen y sexo — mediante una simple solicitud al Registro Nacional [4]. La ley argentina no requiere diagnósticos médicos, tratamientos hormonales ni cirugías. Además, garantiza el acceso gratuito a cirugías y terapias hormonales para quien lo desee, incluyéndolas en el Programa Médico Obligatorio. Las Naciones Unidas definieron esta ley como un paso pionero para los derechos transgénero en la región.
Dinamarca fue el primer país europeo en adoptar el modelo de autodeterminación. El 1 de septiembre de 2014 entró en vigor una modificación de la ley que regula el Registro Nacional Danés, eliminando los requisitos de diagnóstico psiquiátrico, esterilización y tratamiento hormonal previamente necesarios para el cambio de género registral [5]. El procedimiento prevé un período de reflexión de seis meses, tras el cual la persona puede obtener la actualización del número de seguridad social, del pasaporte, del permiso de conducir y del certificado de nacimiento. En la primera década de aplicación, aproximadamente 2.500 personas utilizaron este procedimiento. Como informó Transgender Europe en 2022, no se registraron casos de uso fraudulento o criminal del sistema.
Malta adoptó en 2015 el Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act (GIGESC Act), aprobado por unanimidad por el Parlamento [6]. La ley permite a las personas mayores de 16 años modificar su género registral mediante una declaración ante un notario, sin requisitos médicos. Malta fue también el primer país del mundo en prohibir las cirugías de normalización en menores intersex sin su consentimiento informado [6]. En julio de 2024, el Parlamento maltés extendió la posibilidad de registrar un género no binario en los certificados de nacimiento.
Alemania dio un paso significativo con la Selbstbestimmungsgesetz (Ley de Autodeterminación), aprobada por el Bundestag el 12 de abril de 2024 y en vigor desde el 1 de noviembre de 2024 [7]. La ley sustituye la anterior Transsexuellengesetz de 1980, eliminando la obligación de peritajes psicológicos y diagnósticos médicos. El nuevo procedimiento prevé una declaración ante el registro civil comunal (Standesamt), precedida de un período de espera de tres meses. Las personas a partir de los 14 años pueden acceder al procedimiento [7]. En los dos primeros meses de aplicación (noviembre-diciembre de 2024), la Oficina Federal de Estadística registró 10.589 cambios de género, frente a los 596 casos registrados en los diez meses anteriores bajo la antigua ley.
Países con requisitos médicos
Muchos otros países permiten el reconocimiento legal del género, pero lo subordinan a requisitos médicos de diverso tipo: diagnóstico de disforia de género, períodos de terapia hormonal, peritajes psiquiátricos o, en algunos casos, esterilización obligatoria [1]. Entre ellos figuran Italia, Francia, Países Bajos, Japón y muchos otros. En los últimos años, la tendencia ha sido hacia la eliminación progresiva de los requisitos más invasivos, en particular la esterilización, declarada incompatible con los derechos humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Países con restricciones crecientes
Estados Unidos: un mosaico legislativo
La situación en los Estados Unidos representa quizás el caso más emblemático de polarización interna. En ausencia de una ley federal uniforme, cada estado puede adoptar sus propias normativas en materia de identidad de género. Según el Trans Legislation Tracker, en 2025 se presentaron más de 1.000 proyectos de ley que tendrían un impacto negativo en las personas trans y de género no conforme [8]. De estos, a julio de 2025, 54 fueron aprobados [8].
Las restricciones afectan principalmente a cuatro ámbitos. El acceso a la atención sanitaria de afirmación de género para menores ha sido prohibido o limitado en 27 estados, afectando a aproximadamente el 40% de los jóvenes trans entre los 13 y los 17 años [8]. El uso de los baños correspondientes a la propia identidad de género en edificios públicos está prohibido en 19 estados. La participación en actividades deportivas escolares según la propia identidad de género es objeto de restricciones en numerosos estados. En seis estados, proporcionar atención de afirmación de género a menores constituye un delito penal [8].
El Williams Institute de la UCLA estimó que, en 2025, más de la mitad (53%) de todos los jóvenes trans entre los 13 y los 17 años vive en uno de los 29 estados que han aprobado al menos una ley restrictiva.
Reino Unido: el debate post-Cass
En el Reino Unido, el debate sobre los derechos de las personas trans se ha intensificado tras la publicación de la Cass Review en abril de 2024 [9]. Esta revisión sistemática, encargada por el National Health Service y dirigida por la pediatra Hilary Cass, examinó los servicios de identidad de género para niños y jóvenes, recomendando que la supresión de la pubertad con agonistas del GnRH estuviera disponible para los adolescentes trans solo en el marco de estudios clínicos [9]. El gobierno británico prohibió posteriormente la prescripción de bloqueadores de la pubertad a menores fuera de contextos de investigación.
La Cass Review generó un amplio debate. Dentro del Reino Unido, sus conclusiones fueron adoptadas por el NHS y respaldadas por los principales partidos políticos. A nivel internacional, sin embargo, la revisión recibió críticas de organizaciones profesionales y en la literatura peer-reviewed por problemas metodológicos y por la presunta exclusión de evidencias a favor de la atención afirmativa. En 2025, las sociedades científicas médicas de Alemania, Austria y Suiza publicaron nuevas directrices sobre la sanidad transgénero que critican la metodología de la Cass Review.
Rusia y Hungría
Rusia aprobó en julio de 2023 una prohibición integral del reconocimiento legal del género y del acceso a la atención sanitaria específica para las personas trans, limitando de forma radical la autonomía de las personas sobre su propia identidad y su propio cuerpo.
Hungría dejó de aceptar solicitudes de cambio de género registral ya desde 2018. En mayo de 2020, el Parlamento eliminó formalmente la posibilidad del reconocimiento legal del género [14], y en febrero de 2023 el Tribunal Constitucional confirmó el bloqueo de las nuevas solicitudes. El país adoptó además en 2021 una ley que prohíbe la difusión de información relativa a la orientación sexual y la identidad de género a menores, inspirada en la legislación rusa de 2013.
Según el Trans Rights Index 2024 publicado por TGEU (Transgender Europe), Rusia, Hungría, Bulgaria y Kirguistán han eliminado completamente el derecho al reconocimiento legal del género en los últimos años [15].
África y Asia: un panorama heterogéneo
África subsahariana
El continente africano presenta un cuadro particularmente complejo. De 54 países, aproximadamente 30 criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, y alrededor de la mitad prohíbe a las personas trans modificar el marcador de género en los documentos de identidad [2]. Sudáfrica sigue siendo una excepción significativa, al haber reconocido desde 2003 la posibilidad del cambio de género registral.
En 2024, Namibia representó una señal positiva, con el Tribunal Superior declarando inconstitucional la ley colonial sobre la sodomía. Sin embargo, en el mismo año, Mali y Burkina Faso introdujeron nuevas normas que criminalizan las relaciones homosexuales. En Uganda, la draconiana ley antihomosexualidad de 2023, que prevé hasta la pena de muerte en determinados casos, fue confirmada en sede judicial en abril de 2024, obligando a muchas personas LGBTI a huir del país [2].
India: el reconocimiento del tercer género
La India representa un caso peculiar en el panorama asiático. En 2014, la Corte Suprema emitió la histórica sentencia NALSA v. Union of India, reconociendo a las personas transgénero como tercer género (third gender) y afirmando que los derechos fundamentales garantizados por la Constitución india se aplican plenamente también a ellas [10]. La Corte estableció que la identidad de género no se refiere a las características biológicas, sino a la percepción íntima del propio género, y reconoció el derecho a la autoidentificación [10].
En 2019, el Parlamento indio aprobó el Transgender Persons (Protection of Rights) Act, que prohíbe la discriminación hacia las personas transgénero en diversos ámbitos, entre ellos educación, empleo, sanidad y acceso a los servicios públicos. Sin embargo, la ley fue criticada por las comunidades trans por algunas de sus disposiciones, en particular por el incompleto reconocimiento del principio de autodeterminación y por los procedimientos burocráticos requeridos para obtener un certificado de identidad.
Irán: la paradoja
Irán presenta una situación paradójica. La cirugía de reasignación de sexo es legal desde 1987, tras un decreto religioso (fatwa) emitido por el Ayatolá Jomeini, y el gobierno proporciona asistencia financiera en forma de subvenciones y préstamos para cubrir los costos de la intervención [11]. Irán es el único país de mayoría musulmana en el que la reasignación quirúrgica del sexo está formalmente reconocida por el Estado.
Sin embargo, este aparente reconocimiento se inserta en un contexto en el que la homosexualidad se castiga con la pena de muerte. Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Red Iraní Lesbiana y Transgénero (6Rang), han documentado cómo personas gais son coercitivamente dirigidas hacia la cirugía de reasignación, presentada como “cura” de su homosexualidad [11]. La política iraní no representa, por tanto, una forma de tolerancia hacia las personas trans, sino más bien un instrumento de eliminación de la homosexualidad a través de la patologización forzada.
Organizaciones internacionales y derecho supranacional
Las Naciones Unidas
El sistema de las Naciones Unidas ha abordado el tema de la identidad de género con progresiva atención. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la primera resolución de la historia sobre los derechos humanos de las personas LGBT, aprobada con 23 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones [12]. Una segunda resolución siguió en 2014, con un margen más amplio (25 a favor, 14 en contra, 7 abstenciones) [12].
En 2016, el Consejo estableció el mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género (IESOGI), renovado en 2019, en 2022 y en 2025 [12]. La última renovación, en julio de 2025, obtuvo 29 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, tras una campaña apoyada por 1.259 organizaciones no gubernamentales de 157 países.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desarrollado una jurisprudencia significativa en materia de identidad de género. Ya con la sentencia Christine Goodwin c. Reino Unido de 2002, el Tribunal estableció que el no reconocimiento legal de la reasignación de género viola el artículo 8 del Convenio (derecho al respeto de la vida privada).
En los últimos años, el Tribunal ha ampliado aún más las tutelas. En el caso W.W. c. Polonia (julio de 2024), el Tribunal reconoció una violación del artículo 8 por haber detenido a una mujer transgénero en una cárcel masculina a pesar de su transición. En el caso T.H. c. República Checa (junio de 2025), el Tribunal declaró que el requisito de la esterilización irreversible como condición para el reconocimiento legal del género constituye una injerencia desproporcionada en el derecho a la vida privada.
También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha contribuido a la evolución del marco jurídico. En marzo de 2025, en el caso C-247/23, el Tribunal afirmó que las personas tienen derecho a la rectificación de los datos personales erróneos en virtud del artículo 16 del RGPD, sin que puedan imponerse cargas indebidas como la cirugía.
Los Principios de Yogyakarta
Los Principios de Yogyakarta, adoptados en noviembre de 2006 por 29 expertos en derechos humanos procedentes de 25 países, representan el primer intento sistemático de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género [13]. Los Principios definieron por primera vez a nivel internacional los términos “orientación sexual” e “identidad de género”, identificando las posibles violaciones de los derechos sobre estas bases.
En 2017, los Principios fueron integrados por los Yogyakarta Principles plus 10 (YP+10), que reflejan los desarrollos en el derecho internacional e incluyen nuevas áreas como la expresión de género y las características del sexo [13]. Aunque los Principios de Yogyakarta no han sido formalmente adoptados por las Naciones Unidas, constituyen un punto de referencia ampliamente citado en la jurisprudencia internacional y en los documentos de política pública.
Conclusión
El panorama global de los derechos de las personas trans sigue caracterizado por profundas desigualdades. Por un lado, el principio de autodeterminación de género se afirma en un número creciente de países, con procedimientos simplificados que eliminan requisitos médicos y psiquiátricos. Por otro, nuevas formas de restricción emergen tanto en contextos democráticos (como algunos estados de EE. UU. y el Reino Unido) como en regímenes autoritarios (como Rusia y Hungría) [15].
Las organizaciones internacionales desempeñan un papel creciente en la definición de estándares mínimos de tutela, pero su capacidad de influir en las legislaciones nacionales sigue siendo limitada. La tensión entre el reconocimiento de la identidad de género como derecho fundamental y las resistencias culturales, religiosas y políticas seguirá definiendo el debate global en los años venideros.