Estados Unidos: la oleada legislativa contra las personas trans
En Estados Unidos, los derechos de las personas transgénero se han convertido en el terreno de un enfrentamiento legislativo sin precedentes. Desde 2021 hasta hoy, los parlamentos estatales han producido más de 3.000 propuestas de ley que limitan los derechos de las personas trans en ámbitos que van desde la sanidad al deporte, desde los baños públicos a los documentos de identidad [1]. Estos son los números, las sentencias y el mapa de una transformación jurídica en curso.
2020: la promesa de Bostock
Para comprender el alcance de lo que está sucediendo, hay que partir de una sentencia que parecía haber trazado una dirección opuesta. El 15 de junio de 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió el caso Bostock v. Clayton County con un voto de 6 a 3 [2]. El juez Neil Gorsuch, nombrado por Donald Trump, redactó la opinión de la mayoría estableciendo que el Título VII del Civil Rights Act de 1964 protege a los trabajadores de la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual [2].
Las palabras de la Corte no dejaban espacio a la ambigüedad: “Un empleador que despide a una persona porque es transgénero despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente” [2]. Por primera vez en la historia, el máximo órgano judicial federal afirmaba de forma explícita que discriminar a una persona trans equivale a discriminar por razón de sexo.
La sentencia consolidaba tres casos: el de Gerald Bostock, despedido del condado de Clayton (Georgia) tras inscribirse en una liga de softball gay; el de Donald Zarda, despedido de Altitude Express por ser gay; y el de Aimee Stephens, despedida de R.G. & G.R. Harris Funeral Homes tras comunicar su identidad como mujer trans. Stephens no vivió lo suficiente para ver la sentencia: falleció en mayo de 2020, un mes antes de la decisión.
Bostock establecía un principio federal. Pero la maquinaria legislativa estatal ya se estaba moviendo en la dirección opuesta.
La oleada: los números año por año
Estos son los números. Son los del Trans Legislation Tracker, la base de datos que monitoriza en tiempo real cada propuesta de ley anti-trans presentada en los parlamentos estatales americanos [1].
2021: aproximadamente 147 propuestas de ley, de las cuales 13-17 aprobadas y firmadas por los gobernadores. Era el comienzo. Arkansas se convirtió en el primer estado en prohibir la atención de afirmación de género para menores [1]. El legislador medio aún podía permitirse no tener una opinión.
2022: 174 propuestas, 26 aprobadas [1]. El ritmo se aceleraba. La categoría dominante eran las prohibiciones deportivas, pero empezaban a aparecer las primeras leyes sobre baños y las restricciones sanitarias.
2023: 604 propuestas, 87 aprobadas [1]. El salto fue enorme: cuadruplicados los proyectos de ley respecto a dos años antes, quintuplicadas las leyes efectivamente en vigor. El fenómeno ya no se limitaba a los estados del Deep South: Utah, Montana, Idaho e Indiana aprobaban paquetes restrictivos.
2024: 701 propuestas, 51 aprobadas [1]. El número de propuestas seguía creciendo, pero la tasa de aprobación se reducía: muchas legislaturas ya habían agotado las medidas más obvias. Se abrían nuevos frentes: definiciones legales del sexo, restricciones sobre el uso de pronombres en las escuelas, prohibiciones de actuaciones drag en presencia de menores.
2025: 1.022 propuestas en 49 estados y a nivel federal, 54 aprobadas [1]. Se superaba por primera vez el umbral de las mil propuestas en un solo año. Kansas aprobó una ley que combinaba prohibiciones sobre baños con restricciones en la actualización de documentos de identidad.
2026 (al 9 de febrero): 645 propuestas ya depositadas, 3 aprobadas [17]. El ritmo proyectado superaba el de 2025. Entre las primeras leyes aprobadas, New Hampshire modificó su legislación antidiscriminación para permitir explícitamente la clasificación de las personas en función del sexo biológico en baños, vestuarios, deporte y contextos institucionales [17].
El total acumulado desde 2021 hasta febrero de 2026 supera las 3.300 propuestas de ley [1][17]. Las categorías principales: deporte, sanidad, baños, espectáculos drag, pronombres, currículos escolares, definiciones legales del sexo.
Atención denegada: 27 estados, 120.400 adolescentes
El frente sanitario es el que produce las consecuencias más directas sobre la vida de las personas. Al 2025, 27 estados han aprobado leyes que prohíben o limitan el acceso a la atención de afirmación de género para menores: bloqueadores de pubertad, terapia hormonal e intervenciones quirúrgicas [5][15].
Según el Williams Institute de la UCLA, 120.400 adolescentes trans de entre 13 y 17 años — el 40,1% de todos los jóvenes trans en esa franja de edad — viven en estados donde estas terapias están prohibidas [5]. Son chicos y chicas a quienes el estado en el que residen impide acceder a tratamientos recomendados por cada principal asociación médica estadounidense, desde la American Academy of Pediatrics a la Endocrine Society, desde la American Medical Association a la American Psychological Association.
La sentencia que lo cambió todo en este frente se llama United States v. Skrmetti. El 18 de junio de 2025, la Corte Suprema decidió con un voto de 6 a 3 que la prohibición de Tennessee sobre la atención de afirmación de género para menores (Senate Bill 1, aprobada en 2023) no viola la cláusula de igual protección de la XIV Enmienda [3]. El Chief Justice Roberts redactó la opinión de la mayoría, aplicando el llamado “rational basis review” — el estándar de escrutinio más bajo, el que concede el máximo margen de discrecionalidad al legislador [3][7].
La lógica de la Corte: la prohibición no discrimina por razón de sexo porque se aplica a todos los menores, independientemente del sexo asignado al nacer [3]. Según la mayoría, “edad” y “uso médico” no constituyen clases sospechosas que requieran un escrutinio más riguroso. Las juezas Sotomayor, Kagan y Jackson firmaron el disenso.
Las consecuencias fueron inmediatas. El 12 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito revocó su decisión anterior en el caso Brandt v. Rutledge, que había bloqueado la prohibición de Arkansas (el primer estado en aprobar una prohibición de este tipo) [7]. Apelándose directamente a Skrmetti, el tribunal en banc estableció que el Save Adolescents from Experimentation Act de Arkansas no viola ni la cláusula de igual protección, ni el debido proceso, ni la Primera Enmienda. La prohibición de Arkansas, bloqueada por los tribunales durante años, está ahora plenamente en vigor.
Tras Skrmetti, las prohibiciones en 25 de 27 estados son plenamente aplicables [7]. En algunos estados, como Oklahoma, Texas y Carolina del Sur, se han discutido propuestas para extender la prohibición hasta los 26 años de edad, afectando también a jóvenes adultos.
Deporte: 27 estados, la Corte Suprema decide en 2026
Veintisiete estados han aprobado leyes que prohíben a las chicas y mujeres trans participar en actividades deportivas femeninas en las escuelas [8]. Contando también los estados que aplican prohibiciones a través de reglamentos administrativos (Alaska y Virginia), el total asciende a 29 [8]. Según el Williams Institute, aproximadamente 117.400 adolescentes trans de entre 13 y 17 años viven en uno de estos estados [6].
La cuestión ha llegado a la Corte Suprema. El 13 de enero de 2026, la Corte escuchó las argumentaciones orales en dos casos acumulados: West Virginia v. B.P.J. y Little v. Hecox [4][16].
El caso de West Virginia se refiere a B.P.J., una chica trans que tenía 11 años cuando su estado aprobó el Save Women’s Sports Act en abril de 2021. B.P.J. quería correr en el equipo de cross country y atletismo de su escuela secundaria, pero el director se lo impidió citando la nueva ley. La familia interpuso demanda, y el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito estableció que la ley de West Virginia violaba el Título IX, la norma federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos financiados por el gobierno.
El caso de Idaho (Little v. Hecox) plantea cuestiones análogas en relación con el Fairness in Women’s Sports Act de 2020.
Tras casi tres horas y media de argumentaciones orales, la mayoría conservadora de la Corte pareció orientada a sostener la legitimidad de las prohibiciones estatales [4]. La decisión se espera para junio de 2026.
Baños: 20 estados, de North Carolina a Texas
La cuestión de los baños públicos fue el primer campo de batalla visible de este conflicto, y sigue siendo uno de los más cargados de simbolismo político.
El caso pionero es el de North Carolina y su House Bill 2 (HB2), aprobada en marzo de 2016. La ley obligaba a las personas a utilizar los baños correspondientes al sexo indicado en el certificado de nacimiento en los edificios gubernamentales y las escuelas públicas. La reacción fue inmediata y masiva: boicots por parte de empresas, cancelaciones de eventos deportivos y culturales, retirada de inversiones. La Associated Press estimó que la ley le costaría al estado 3.760 millones de dólares en doce años [13]. Entre las pérdidas documentadas: 2.660 millones de PayPal que renunció a la expansión de un centro en Charlotte, 500 millones de Deutsche Bank que canceló sus planes de inversión en Cary, 250 millones de CoStar que trasladó un centro de investigación a Virginia, 100 millones del NBA All-Star Game trasladado fuera de Charlotte [13].
La sección relativa a los baños de la HB2 fue derogada en marzo de 2017 con la House Bill 142. Pero el precedente había quedado establecido.
En 2025 y 2026, la dinámica se ha invertido. Las consecuencias económicas ya no funcionan como disuasión. A julio de 2025, 19 estados tenían leyes activas que limitan el acceso a los baños para las personas trans. Texas se convirtió en el vigésimo el 22 de septiembre de 2025, cuando el gobernador Greg Abbott firmó el Senate Bill 8 (Texas Women’s Privacy Act), que prohíbe a las personas trans el uso de los baños correspondientes a su identidad de género en los edificios gubernamentales y las escuelas [14]. Texas ha introducido las sanciones más severas del país: 25.000 dólares por la primera infracción, 125.000 dólares por cada infracción sucesiva, calculadas sobre base diaria [14]. La ley entró en vigor el 4 de diciembre de 2025. El fiscal general Ken Paxton abrió una línea telefónica dedicada para denunciar las infracciones [14].
Trump 2.0: la orden ejecutiva y la respuesta de los tribunales
El 20 de enero de 2025, día de su toma de posesión para el segundo mandato, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14168, titulada “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government” [11]. La orden establece que el gobierno federal reconoce exclusivamente dos sexos, definidos como inmutables y determinados en la concepción [11][12].
Las disposiciones principales de la orden son cinco [11][12]. Primero: todas las agencias federales deben sustituir el término “género” por “sexo” en cada documento y política oficial. Segundo: los documentos de identidad federales — pasaportes, visados, documentos de trabajo — deben reflejar el sexo asignado al nacer; el marcador “X” introducido en 2022 se elimina. Tercero: todos los fondos federales para la atención de afirmación de género se recortan. Cuarto: los espacios segregados por sexo bajo jurisdicción federal — incluidas las cárceles femeninas y los refugios para víctimas de violencia — deben asignarse en función del sexo biológico. Quinto: las personas trans detenidas en cárceles federales no pueden acceder a instalaciones correspondientes a su identidad de género.
En las horas posteriores a la firma, la administración eliminó los recursos LGBTQ+ de los sitios web gubernamentales [12].
La respuesta judicial llegó rápidamente. El 4 de marzo de 2025, en el caso PFLAG v. Trump, el juez Brendan A. Hurson del tribunal federal de Maryland emitió una orden preliminar nacional que impide al gobierno revocar los fondos a los hospitales e instituciones que proporcionan atención de afirmación de género a personas menores de 19 años [10]. La orden se aplica al Departamento de Salud (HHS), a la Health Resources and Services Administration (HRSA), a los National Institutes of Health (NIH), a la National Science Foundation (NSF) y a todas las subagencias del HHS [10]. El gobierno ha presentado apelación ante el Cuarto Circuito, donde el procedimiento sigue en curso.
Los estados escudo: 14 estados más el Distrito de Columbia
No todos los estados se mueven en la misma dirección. Catorce estados y el Distrito de Columbia han aprobado las llamadas “shield laws” (leyes escudo) o “refuge laws” (leyes refugio) que protegen activamente el acceso a la atención de afirmación de género [9].
California fue la primera, con el Senate Bill 107, firmado por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2022 [18]. La ley prohíbe a las fuerzas del orden californianas participar en la detención o extradición de una persona sobre la base de una orden emitida por otro estado por haber recibido atención de afirmación de género [18]. Prohíbe además la aplicación de órdenes de retirada de menores de la custodia de los padres motivadas por el acceso a dichas terapias. En 2025, California reforzó estas protecciones con el SB 497, que impide a los proveedores de servicios sanitarios cumplir con citaciones que requieran la divulgación de información médica relativa a la atención de afirmación de género.
Los otros estados con leyes escudo son: Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington [9]. Arizona y Delaware disponen de protecciones análogas a través de órdenes ejecutivas de sus respectivos gobernadores.
Según el Movement Advancement Project, aproximadamente el 38% de la población trans estadounidense vive en un estado con leyes escudo [9].
El resultado es un país partido en dos. Una persona trans que vive en Minnesota tiene acceso a protecciones legales que no existen a unos pocos cientos de kilómetros, en Iowa o en South Dakota. Un adolescente trans en Tennessee no puede acceder a bloqueadores de pubertad, pero podría hacerlo cruzando la frontera con Illinois. La geografía se ha convertido en el factor determinante en el acceso a los derechos fundamentales.
El panorama que emerge
Los datos cuentan una historia precisa. En menos de cinco años, Estados Unidos ha pasado de la sentencia Bostock [2] — que afirmaba la protección federal de las personas trans contra la discriminación laboral — a un sistema en el que la mayoría de los estados ha aprobado al menos una ley restrictiva contra las personas trans. La Corte Suprema, en su composición actual con seis jueces de nombramiento conservador, ya ha avalado las prohibiciones sanitarias con Skrmetti [3] y parece orientada a hacer lo mismo con las prohibiciones deportivas [4].
Los números son estos: 27 estados con prohibiciones de la atención para menores [5][15], 27 con prohibiciones deportivas [8], 20 con restricciones sobre los baños. Más de 120.000 adolescentes trans viven en estados donde no pueden acceder a la atención recomendada por la comunidad médica [5]. Más de 3.300 propuestas de ley depositadas en cinco años [1]. Una orden ejecutiva que redefine la política federal en materia de sexo y género [11].
En el lado opuesto, 14 estados y el Distrito de Columbia han construido un sistema de protecciones legales que intenta contener la oleada [9]. Los tribunales federales han bloqueado algunas de las medidas más agresivas de la administración Trump [10], pero las órdenes son temporales y sujetas a apelación.
La decisión de la Corte Suprema sobre las prohibiciones deportivas, esperada para junio de 2026 [4], representa el próximo punto de inflexión. No se trata solo de deporte: la sentencia definirá los límites del poder estatal para clasificar a las personas en función del sexo asignado al nacer, con implicaciones que se extienden mucho más allá de los campos de juego.
Los datos son públicos. Las sentencias están depositadas. Las leyes están en vigor. El lector puede extraer sus propias conclusiones.