La política italiana y los derechos de las personas trans

He aquí la verdad desnuda: el 64,5% de los italianos en 2024 está a favor del matrimonio igualitario [12]. El 53,5% reconoce que existen identidades más allá del binarismo masculino-femenino [12]. Y sin embargo Italia marca un 24% en la Rainbow Map de ILGA-Europe (2025), en descenso respecto al año anterior [13]. Un país donde la opinión pública corre hacia adelante y la clase política frena, temporiza o — cuando puede — tira del freno de mano. Esta es la historia de cómo eso ha ocurrido, con nombres, fechas y números de voto. Sin excluir a nadie.

El DDL Zan: anatomía de un naufragio

El texto

El proyecto de ley Zan toma su nombre del diputado del Partido Democrático Alessandro Zan, que lo presentó en 2018. El objetivo era extender el marco normativo existente sobre crímenes de odio (artículos 604-bis y 604-ter del código penal) a nuevas categorías: sexo, género, orientación sexual, identidad de género y discapacidad. No inventaba nada nuevo: aplicaba a estas categorías las mismas protecciones ya previstas para la discriminación racial, étnica, nacional y religiosa.

El texto constaba de diez artículos. El artículo 1 definía los conceptos clave, incluida la identidad de género como “la identificación percibida y manifestada de sí en relación con el género, aunque no corresponda al sexo, independientemente de haber concluido un itinerario de transición”. El artículo 4 — sistemáticamente ignorado por los detractores — salvaguardaba explícitamente la libre expresión de convicciones y opiniones, siempre que no desembocaran en instigación a la violencia o la discriminación. El artículo 7 instituía el 17 de mayo como Día Nacional contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia.

El trámite y la votación

El DDL Zan fue aprobado por la Cámara de los Diputados el 4 de noviembre de 2020, con 265 votos a favor y 193 en contra. El texto pasó luego al Senado, donde comenzó un calvario parlamentario hecho de aplazamientos, obstruccionismo y negociaciones. El 27 de octubre de 2021, la mayoría de los senadores aprobó la llamada “tagliola” — una moción procedimental que impedía la discusión de los artículos y las enmiendas [1]. Traducido: el proyecto de ley fue eliminado sin que los senadores tuvieran siquiera que pronunciarse sobre el fondo.

Los números: 154 a favor de la tagliola, 131 en contra, 2 abstenciones [1]. Voto secreto. Cuando el resultado apareció en las pantallas, desde los escaños del centroderecha surgió un aplauso. Desde los escaños de la oposición, el silencio.

Los francotiradores y el papel de Italia Viva

El voto secreto hizo imposible identificar con certeza a los responsables. Pero la aritmética habló claro: sumando los senadores del PD, M5S, LeU e Italia Viva, los votos contra la tagliola habrían debido superar a los favorables. No ocurrió. Los análisis posteriores estimaron al menos 16 francotiradores en las filas del centroizquierda [2].

El caso más sonado fue el de Matteo Renzi, líder de Italia Viva, físicamente ausente el día de la votación [3]. Mientras el Senado decidía el destino de los derechos civiles, Renzi se encontraba en Riad, Arabia Saudí — un país donde la homosexualidad se castiga con cárcel, flagelación y, potencialmente, pena de muerte — para participar en la Future Investment Initiative, un evento promovido por el fondo soberano saudí [3]. Italia Viva declaró haber votado compactamente contra la tagliola. Pero la ausencia del líder, en ese contexto, quedó como un dato político inequívoco.

Renzi, a su regreso, dijo: “Durante meses pedí un acuerdo para evitar el rechazo del DDL Zan. Quien se queja de las ausencias que haga cuentas con los 40 francotiradores.” La responsabilidad fue transferida a otros. El DDL Zan fue archivado.

El gobierno Meloni: una legislatura de retroceso sistemático

La instalación del gobierno Meloni en octubre de 2022 ha inaugurado la fase más agresiva de política hostil a los derechos de las personas trans y de las familias arcoíris en la historia republicana reciente. No se trata de inercia o indiferencia: se trata de un programa legislativo coherente, articulado en múltiples frentes, ejecutado con método.

La circular Piantedosi y la guerra a los certificados de nacimiento

El 19 de enero de 2023, el Ministro del Interior Matteo Piantedosi envió a los prefectos una circular que recordaba la prohibición, para las parejas del mismo sexo, de acceder a la reproducción médicamente asistida en Italia [8]. La consecuencia operativa: solo el progenitor biológico podía figurar en el acta de nacimiento. El progenitor intencional — la persona que había participado en el proyecto procreativo, criado al hijo, compartido cada instante desde la decisión de convertirse en progenitor — quedaba borrado de la existencia jurídica.

En Milán, el alcalde Beppe Sala se vio obligado a interrumpir las transcripciones. En Padua, la Fiscalía impugnó 33 certificados de nacimiento de niños con dos madres, nacidos por fecundación heteróloga a partir de 2017 [9]. Treinta y tres familias. Treinta y siete menores, de edades comprendidas entre 8 años y 40 días. Niños a quienes se les pedía, retroactivamente, tener un progenitor menos.

El Tribunal de Padua declaró inadmisibles más de 30 recursos de la Fiscalía en marzo de 2024, confirmando las actas de nacimiento. Pero la señal política había sido lanzada: las familias arcoíris estaban en el punto de mira.

La sentencia 68/2025 del Tribunal Constitucional: un dique

El 22 de mayo de 2025, el Tribunal Constitucional pronunció la sentencia n. 68, declarando la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley 40/2004 en la parte en que impedía el reconocimiento de la llamada “madre intencional” [10]. El Tribunal estableció que un hijo nacido en Italia por PMA heteróloga practicada en el extranjero por una pareja de mujeres podía adquirir el estatus de hijo respecto a ambas madres — tanto la biológica como la que había compartido y querido el proyecto procreativo.

La motivación citaba el artículo 3 de la Constitución (igualdad sustancial), el artículo 2 (derechos inviolables de la persona) y el artículo 30 (derechos del menor) [10]. En síntesis: era el legislador quien había violado la Constitución, no las familias arcoíris. Un dato que el debate público ha ignorado ampliamente.

Gestación por sustitución: el “delito universal”

El 16 de octubre de 2024, el Senado aprobó en votación definitiva la ley que convierte la gestación por sustitución (GPA) en un “delito universal”: 84 votos a favor, 58 en contra [4][5]. La modificación al artículo 12 de la Ley 40/2004 extiende la perseguibilidad del delito a los ciudadanos italianos que recurran a la GPA en el extranjero, incluso en países donde la práctica es legal. Las penas: hasta 2 años de reclusión y hasta 1 millón de euros de multa [4].

Italia se convierte así en uno de los poquísimos países del mundo en criminalizar el comportamiento de sus propios ciudadanos en jurisdicciones extranjeras donde ese comportamiento es perfectamente lícito. La ley, publicada en el Boletín Oficial el 18 de noviembre de 2024 como Ley 169/2024, afecta de manera desproporcionada a las parejas de hombres que desean convertirse en padres, ya que la GPA representa la única vía biológica a la parentalidad para las parejas homosexuales masculinas [5].

El decreto Schillaci-Roccella: el endurecimiento de la sanidad trans para menores

El 11 de agosto de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley sobre la disforia de género en menores, firmado por el Ministro de Salud Orazio Schillaci y la Ministra de Familia Eugenia Roccella [6]. El texto introdujo:

• Evaluación psiquiátrica obligatoria para todo menor que acceda a itinerarios de afirmación de género.
• Dictamen previo del Comité de Ética Nacional antes de la prescripción de bloqueadores de la pubertad (triptorelina).
• Creación de un registro nacional AIFA para monitorear la prescripción y dispensación de los fármacos [6].
• Dispensación exclusivamente a través de farmacia hospitalaria.

Ocho de las principales sociedades científicas italianas se pronunciaron contra el decreto, denunciando la sustitución de protocolos clínicos ya eficaces por un recorrido burocrático centralizado, y señalando que el dictamen obligatorio del Comité de Ética Nacional — un órgano no clínico — habría introducido un obstáculo de hecho insuperable al acceso a la atención para los jóvenes trans [7].

El mensaje político era transparente: la disforia de género en menores ya no era tratada como una condición médica a gestionar con instrumentos clínicos, sino como un fenómeno a vigilar, contener y, posiblemente, desalentar.

La escuela: la prohibición del “relativismo de género”

En diciembre de 2025, la Cámara de los Diputados aprobó en primera lectura — con 151 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención — el llamado “DDL Valditara” (por el nombre del Ministro de Educación Giuseppe Valditara) [14]. El proyecto de ley prohíbe la enseñanza del “relativismo de género” en las escuelas infantiles y primarias y condiciona la educación sexual en las escuelas medias al consentimiento informado de los padres. El texto aún debe pasar al Senado.

La sentencia 143/2024: el Tribunal que ve lo que el Parlamento no quiere ver

El 23 de julio de 2024, el Tribunal Constitucional pronunció la sentencia n. 143, una decisión de alcance histórico para las personas trans en Italia [11]. Dos cuestiones abordadas:

Sobre las identidades no binarias: el Tribunal declaró inadmisible la cuestión planteada por el Tribunal de Bolzano respecto a la posibilidad de introducir un marcador de género diferente de masculino y femenino. Pero — y aquí está el punto que nadie ha contado — el Tribunal reconoció explícitamente que “la percepción del individuo de no pertenecer ni al sexo femenino ni al masculino — de la cual nace la exigencia de verse reconocida una identidad ‘otra’ — genera una significativa condición de malestar” que puede “inducir tratamientos desiguales o comprometer el bienestar psicofísico de la persona” [11]. El Tribunal remitió la cuestión al Parlamento. El Parlamento, a día de hoy, no ha movido un dedo.

Sobre la autorización judicial para la cirugía: el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 31, apartado 4, del decreto legislativo 150/2011, que imponía la autorización del tribunal para las intervenciones quirúrgicas de adecuación de los caracteres sexuales incluso después de que el juez hubiera ya dispuesto la rectificación registral [11]. En la práctica: una persona trans que ya había obtenido el reconocimiento legal de su identidad debía pedir un permiso adicional al juez para operarse. Una anomalía eliminada por el Tribunal.

El mapa de los partidos: quién está dónde

Fratelli d’Italia

El partido de Giorgia Meloni se opone sistemáticamente a toda forma de reconocimiento de los derechos de las personas trans y de las familias arcoíris. Desde la circular Piantedosi al delito universal de GPA, desde el decreto Schillaci-Roccella al DDL Valditara, cada medida restrictiva lleva la firma de la coalición de gobierno liderada por FdI.

Lega

Matteo Salvini ha sido uno de los principales promotores de la retórica “anti-género” en Italia. La Lega presentó la moción para la tagliola que acabó con el DDL Zan [1]. Salvini participó en el World Congress of Families de Verona en marzo de 2019, junto al Ministro de Familia Lorenzo Fontana, en un evento co-organizado por Pro Vita e Famiglia y descrito por el Southern Poverty Law Center como una reunión de “grupos de odio anti-LGBT” [15].

Forza Italia

Sigue la línea de la coalición. Significativo el caso de Elio Vito, que abandonó sus cargos en el partido en protesta contra la votación de la tagliola del DDL Zan. La excepción que confirma la regla.

Partido Democrático

El PD fue el promotor del DDL Zan a través del diputado Alessandro Zan, que ha vuelto a presentar una versión actualizada de la propuesta en la legislatura siguiente. El partido apoya el matrimonio igualitario y la extensión de las protecciones antidiscriminatorias. Sin embargo, el episodio de los francotiradores en la votación secreta de 2021 puso de manifiesto ambigüedades internas nunca plenamente resueltas [2].

Movimiento 5 Estrellas

El M5S apoyó el DDL Zan y, a través de la senadora Alessandra Maiorino, presentó un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario y la filiación [17]. Maiorino, coordinadora del Comité de Políticas de Género y Derechos Civiles del M5S, colaboró con Arcigay y el jurista Antonio Rotelli para la redacción del texto. El partido se ha declarado a favor del matrimonio igualitario y de las adopciones por parejas del mismo sexo.

Alianza Verdes y Izquierda (AVS)

AVS representa la posición más avanzada en el panorama parlamentario. El programa incluye: matrimonio igualitario, adopción por parejas homosexuales y personas solteras, acceso a la PMA para mujeres y parejas de mujeres, prohibición de las terapias de conversión, prohibición de las intervenciones quirúrgicas no necesarias en menores intersex y una ley contra la homo-bi-transfobia y el capacitismo [18]. Ningún otro partido parlamentario propone un paquete de esta amplitud.

Pro Vita e Famiglia: el aparato extraparlamentario

La asociación Pro Vita e Famiglia, presidida por Toni Brandi, representa el principal actor de la sociedad civil alineado contra los derechos de las personas trans y LGBTQ+ en Italia. Fundada a finales de 2013, cuenta con 110 círculos territoriales y organiza más de 150 conferencias y encuentros formativos al año.

En 2019, Pro Vita se fusionó con Generazione Famiglia durante el World Congress of Families XIII en Verona (29-31 de marzo de 2019), un evento que contó con la participación de Salvini, del Ministro Fontana y del Gobernador del Veneto Luca Zaia [15]. La CNN lo describió como una reunión en la que “grupos de extrema derecha unen fuerzas bajo el paraguas pro-familia” [15].

La campaña más reciente, ”Mio Figlio No” (“Mi hijo no”), lanzada en febrero de 2025, pide una ley sobre el consentimiento informado previo para todo proyecto escolar que trate sobre sexualidad y afectividad [16]. La petición nacional ha superado las 51.000 firmas. El objetivo declarado: mantener las escuelas “libres del género”.

La relación entre Pro Vita e Famiglia y la derecha de gobierno está documentada por la investigación académica como simbiótica: las posiciones de la asociación encuentran traducción legislativa en las medidas de la coalición, y la coalición encuentra en la red asociativa de Pro Vita e Famiglia consenso organizado en el territorio. El DDL Valditara sobre la prohibición del “relativismo de género” en la escuela es el ejemplo más reciente de esta dinámica [14].

La Ministra Roccella, co-firmante del decreto sobre la disforia de género en menores, ha repetidamente hecho eco de las posiciones de Pro Vita e Famiglia en materia de “libertad educativa” y “protección de la infancia” — fórmulas retóricas que traducen, en los hechos, la oposición a todo reconocimiento de la identidad de género en los contextos educativos y sanitarios.

La opinión pública: la brecha que nadie cuenta

Los números del Eurispes en el 36 Informe Italia (2024) fotografían un país muy diferente del representado por su propio Parlamento [12]:

• 64,5% a favor del matrimonio igualitario (era el 47,8% en 2016: +16,7 puntos en ocho años).
• 54,5% a favor de la adopción por parejas del mismo sexo (+23,4% en cinco años).
• 40,7% a favor de la autodeclaración para el cambio de género.
• 53,5% a favor del reconocimiento de identidades más allá del binarismo.
• 69,3% a favor de la protección jurídica de las parejas de hecho independientemente del sexo.

La brecha generacional es imponente: la adopción por parejas del mismo sexo es aceptada por el 72,2% de los jóvenes de 18-24 años pero solo por el 39,2% de los mayores de 64 [12].

Estos datos convierten la brecha entre opinión pública y acción legislativa no en un simple retraso, sino en un déficit democrático medible. Una mayoría de ciudadanos pide derechos que una mayoría parlamentaria niega. Los números están ahí. El debate los ignora.

Mientras tanto, la Rainbow Map de ILGA-Europe marca el declive: Italia está al 24% en 2025, en descenso respecto al 25% de 2024 — en una escala que mide la conformidad de las leyes nacionales con los estándares europeos sobre derechos LGBTI [13]. Para comparar: Malta está en primer lugar, Dinamarca y Bélgica entre los cinco primeros. Italia está con Polonia y Rumanía.

El panorama completo

Entre 2021 y 2026, la trayectoria de los derechos de las personas trans en la política italiana ha estado marcada por una paradoja estructural. Por un lado, el Tribunal Constitucional ha ampliado progresivamente las protecciones: ha reconocido la legitimidad de las identidades no binarias (aunque remitiéndolo al Parlamento) [11], ha eliminado la obligación de autorización judicial para la cirugía [11], ha declarado inconstitucional la falta de protección de la madre intencional [10]. Por otro, el poder legislativo y ejecutivo ha marchado en la dirección opuesta: ha hundido el DDL Zan [1], criminalizado la GPA como “delito universal” [4], burocratizado el acceso a la sanidad trans para menores [6] e iniciado la censura escolar sobre el “relativismo de género” [14].

El resultado es un cortocircuito institucional en el que el Tribunal Constitucional corrige las omisiones del Parlamento, el Parlamento legisla contra los principios del Tribunal, y en medio quedan las personas: familias sin certificados, adolescentes sin atención, identidades sin reconocimiento.

Los datos del Eurispes muestran que la sociedad italiana ya está en otro lugar [12]. La política no la está escuchando. Y cuando lo hace, a menudo es para decir no.